Luego de un extenso debate, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría (con 28 votos positivos) el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y que establece un nuevo Código de Procedimiento Minero el cual está orientado a una internacionalidad de poderes en cuanto a la autoridad de aplicación. De esta forma, se instaura una Autoridad Minera Administrativa, la cual funcionará bajo la órbita del Ministerio de Minería y teniendo la misma la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales en la medida en que exista un control judicial posterior.
El proyecto aspira a simplificar la administración y agilización de los trámites acortando los plazos y términos del procedimiento vigente, mejorando de este modo el atractivo de la provincia frente a los inversores.
En la sesión, Augusto Barros rechazó enfáticamente una presunta inconstitucionalidad de la iniciativa (en relación al artículo 203 de la Constitución Provincial) señalando que “la Corte de Justicia de Catamarca en un fallo dio la razón por la mayoría de los votos sobre la existencia de la jurisdicción administrativa”, es decir, en cuanto a las funciones jurisdiccionales de la autoridad minera. En este caso, el poder Ejecutivo. Fallos contemplan la existencia de la jurisdicción administrativa. Además, esgrimió que “transformar la autoridad administrativa significa que no se necesita patrocinio legal, la administración es informal, se trata de un procedimiento, no de un proceso”.
Por su parte, Tiago Puente, consideró que el proyecto sería inconstitucional porque conculcan lo dispuesto por la Carta Magna provincial puesto que el mismo indica que “corresponde a la Corte de Justicia y demás tribunales o juzgados inferiores, el conocimiento y decisión de todas las causas civiles, comerciales, laborales, criminales y de minería, según que las cosas y las personas caigan bajo la jurisdicción provincia”.
A su turno, Hugo Ávila planteo que se debía incluir la participación de las comunidades en general y que se debería modificar el “trazo grueso” de la normativa de fondo en materia minera.
El debate continuó con la participación de José Sosa quien consideró que no se debe “cambiar lo que dio seguridad jurídica al inversor”. Luego Carlos Marsilli dijo que iba a acompañar contemplando que se debe “pensar en la juventud que espera ansiosa tener una oportunidad mejor”. “Que la actividad minera deje de ser un negocio inmobiliario” agregó.
Daniel Lavatelli dudó respecto a “qué pasará con los actos que están en el juzgado de minas” mientras que Francisco Monti dijo que “descalificar la autoridad judicial por cómo funciona que tuvo fallas notorias no implica que el sistema en sí mismo sea malo”. Natalia Ponferrada indagó si los logros alcanzados en los últimos tiempos impactarán en el futuro de la minería para expresar que la respuesta se dará con el acompañamiento al proyecto.
Juana Fernandez mencionó que le hubiese “gustado poder acompañarlos pero hubo falta de diálogo y consensos” manteniendo la postura de una presunta inconstitucionalidad, situación que luego Armando Zavaleta respondió: “Tengo el convencimiento que no es inconstitucional”.
Así, Paola Fedeli sintetizó el código minero vigente para destacar las necesidades de actualizar el mismo con el proyecto en debate. Genaro Contreras, a su turno, evaluó que el sistema actual “es mejor” aunque anticipó el acompañamiento ya que “el Gobernador debe tener la oportunidad de establecer la política minera”.
El vicepresidente del cuerpo, Maximiliano Rivera manifestó que “hubo claridad en los aspectos técnicos” desarrollados por sus pares de bloque para remarcar que “no podemos hacer otra cosa que cederle al Gobernador la oportunidad para desarrollar” una política minera. Guillermo Marenco resaltó la postura de los legisladores del interior provincial “con un planteamiento serio y acorde, defendieron lo que ellos creen que para su pueblo es lo mejor”.
Luis Lobo Vergara mantuvo la postura sobre la supuesta inconstitucionalidad del proyecto deslizando que ello se responderá a futuro mientras que Marita Colombo deseó “que modifiquemos el Código si es que hace falta pero apelando a argumentos que sean compatibles”. Enrique Cesarini expresó que, como legislador, “pretendo el progreso y el crecimiento de mi provincia, pretendo supervisar el sistema y dejar en claro que como bloque vamos a acompañar”.
Luego, la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, subrayó que “el sistema actual no demostró estar a la altura de las circunstancias hasta incluso, se extralimitó avanzando sobre funciones propias del Ejecutivo”. En línea con la mayoría de las exposiciones, afirmó que “no es inconstitucional el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte del Ejecutivo”.
Al contrario, Victor Luna perseveró en la noción de que el proyecto “resulta inconstitucional”. “Si se llega a considerar que la nueva autoridad de aplicación es constitucional, las jurisdicción no” apreció. El último orador fue Marcelo Murua, quien apuntó que no se debía “defender un sistema que a todas luces no siguió el espíritu que marca el Código de Minería de la Nación” puesto que este es el marco de fondo. “En Catamarca se puede solicitar una pertenencia minera, no cumplir con el código de fondo y aún así mantener la pertenencia de la mina” cerró.
