La diputada Natalia Saseta es el último eslabón de una interminable cadena de denuncias contra legisladores provinciales, formuladas por empleados a los que se presiona y somete para que se ajusten a las normas de “retorno”, obligándolos a entregar parte de sueldo como condición para mantener su trabajo.
Puestos en el papel de amos del universo, hay legisladores que ejercen esta verdadera forma de trata de personas, una de las más miserables actitudes de quienes usan y abusan de recursos estatales, y utilizan dinero del Estado creyendo que tienen la facultad de comprar gente y disponer de cualquiera.
Justamente ellos, que tienen millonarios ingresos cada año sin obligaciones de asistencia ni nada, sólo por haber pechado o chupado medias lo suficiente como para entrar en una lista sábana, de pronto son Dioses que desde el Olimpo suben y bajan el pulgar a la gente, jugando permanentemente con la posibilidad de dejarlos en la calle si no aceptan las “reglas”.
La justicia tendrá que pronunciarse, pero lo cierto es que Gustavo Acosta ya denunció a la diputada provincial Natalia Saseta la denunció por extorsión, amenazas, intimidación y abuso de la función pública.
Según Acosta, ella lo obligaba a pagarle entre 10.000 y 27.000 pesos mensuales como condición para aceptarlo entre sus súbditos, lo amenazaba y, vaya detalle, el joven dice tener pruebas de las transferencias bancarias que se vio obligado a hacer en favor de la propia Saseta.
Esto no es nuevo: el pionero en ser denunciado por estas prácticas fue el fallecido Juan Carlos “Machete” Balverdi, y de ahí para acá hubo decenas de casos similares, y muchísimos más que no se denunciaron.
El empleado legislativo Pablo Vega, por ejemplo, también presentó una denuncia penal contra el senador por Santa Rosa, Julio Maza (FV), a quien acusó de exigirle que le pase 15.000 pesos por mes, de su sueldo, para poder mantener la fuente laboral en la Cámara alta.
Carlos Bazán, otro empleado legislativo, presentó también una denuncia en Fiscalía General en contra del diputado provincial Hugo “Grillo” Ávila (UC), ya que asegura que el legislador se quedó con parte de sus haberes.
Bazán dijo que se desempeñaba como empleado en Diputados, y que el “Grillo” les advirtió a los empleados que todos los meses debían darle la suma de 2.300 pesos para pagarle a un empleado que no figuraba en los papeles, además de otros aportes “partidarios”.
Y la lista sigue y sigue, por estos funcionarios que con soberbia e insensibilidad manipulan gente aprovechándose de sus necesidades.
¿Cuándo se va a terminar esta historia? ¿Cuándo se va a reglamentar dentro de la Cámara este tema? ¿Cuándo se va a controlar el tema de los “asesores”? Entre los ñoquis y los sometidos, detrás de muchas ancas crecen verdaderos déspotas que no sólo le cuestan fortunas a la Provincia, sino que en lugar de ayudar y dar un trabajo real, convierten sus recursos en maquinarias para extorsionar y ultrajar los derechos de la gente.
¿Cuántos diputados hacen lo mismo? ¿Cuántas autoridades seguirán haciendo la vista gorda?
Un abuso institucionalizado, pero claramente intolerable.
