El Ejército Nacional informó el martes 31 de enero que en el desarrollo de labores de Contrainteligencia Militar, se efectuó la captura por orden judicial de siete personas señaladas de los delitos de concierto para delinquir y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
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La operación militar se realizó en el municipio de Tame. Las fuerzas militares informaron que fueron incautados seis fusiles, dos pistolas con sus proveedores y munición, así como seis equipos de campaña
Las operaciones se realizaron en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el 25 de enero, en Florencia, Cali y Bogotá. Los capturados corresponden a dos integrantes activos de la institución, tres militares retirados y dos particulares.
De acuerdo con las investigaciones, los capturados, al parecer, harían parte de una red de tráfico de armas, municiones y explosivos.
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En su información, el Ejército Nacional explicó que estos resultados se obtienen desde las capacidades con las que cuenta la institución, a través de las labores de contrainteligencia institucional, “que se llevan a cabo de forma permanente, ceñidos a la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción”, se lee en el comunicado compartido a la opinión pública.
En otro punto del documento el Ejército Nacional expuso que: “seguirá facilitando todo el apoyo necesario a las autoridades judiciales conforme al principio constitucional de colaboración armónica, así mismo, se dará inicio a las investigaciones internas a que haya lugar”.
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El llamado al exmilitar, salpicado por alias “Otoniel”, es el primero que hizo la Sala de Reconocimiento dentro del macrocaso 08, el cual se centra en los crímenes cometidos por agentes del Estado en colaboración con paramilitares o terceros civiles durante el conflicto
De acuerdo con el Código Penal, en el artículo 366 Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos:
“El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes esenciales, accesorios esenciales, municiones de uso privado de las Fuerzas Armadas o explosivos, incurrirá en prisión de once (11) a quince (15) años”.
Hay que anotar que se consideran de uso privativo de la fuerza pública las miras infrarrojas, laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los elementos que alteren su sonido, así como cualquier tipo de armamento.
Son varias las investigaciones que existen en la Fiscalía General de la Nación sobre redes de tráfico de armas dentro de las Fuerzas Armadas del país. Uno de esos casos se abrió en noviembre de 2022 cuando fueron capturados ocho integrantes de una red delictiva señalada de hurtar armas de fuego y munición de uso privativo de la Fuerza Pública.
En ese momento habló el comandante de las Fuerza Militares, el mayor general Helder Fernán Giraldo, que confirmó que al interior de la entidad también se están adelantando investigaciones.
“Estamos pendiente del informe de la Fiscalía, internamente nosotros también estamos llevando a cabo nuestras propias investigaciones a través de las inspecciones generales de cada fuerza. Una de las premisas nuestras es mantener siempre la integridad institucional y todas estas personas que estén en contra de la ley, pues tendrán que pagar la autoridad competente”, dijo el comandante de las Fuerzas al término de una ceremonia de ascensos de la Policía en Bogotá.
Una investigación de El Tiempo expuso cuál sería el modus operandi de los uniformados que usarían su posición dentro de estas instituciones para lucrarse de delitos relacionados a la comercialización de armamento.
En un primer punto, el periódico señaló que el material bélico que se negocia estaría destinado a abastecer a grupos delincuenciales como el ‘Clan del Golfo’, a las disidencias de las Farc y al ELN.
Asimismo, el trabajo periodístico se refiere, puntualmente, a las labores del coronel del Óscar Alexander Amado Pinzón, capturado en 2021 tras ser acusado de traficar armamento militar que, posteriormente, terminó en manos de agrupaciones armadas al margen de la ley. El hombre quedó libre por vencimiento de términos en septiembre de 2022, luego de declararse como inocente de los hechos.
