Al menos cinco manifestantes prodemocracia murieron este lunes en Birmania, donde la junta militar bloqueó las redes de datos móviles, lo que obligó a postergar una audiencia telemática de la exdirigente Aung San Suu Kyi.
Dos hombres y una mujer fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y dieciséis personas resultaron heridas en Myingyan (centro), indicó a la AFP un habitante, que pidió el anonimato. Más al sur, en la región de Magway, otros dos hombres murieron, según otro testigo.
El balance no deja de aumentar con al menos 44 civiles muertos el domingo, la jornada de represión más sangrienta desde el golpe de Estado militar del 1º de febrero. En total, más de 120 personas han muerto en las últimas seis semanas, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP).
El domingo, la tensión fue especialmente fuerte en Hlaing Tharyar, un suburbio industrial de Rangún, donde un grupo de asaltantes incendiaron varias fábricas chinas y 22 manifestantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
El lunes, China se declaró «muy preocupada» por la seguridad de sus ciudadanos en Birmania y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, exhortó a las autoridades birmanas a tomar medidas para «evitar decididamente que tales incidentes se reproduzcan».
Entretanto, la junta prosigue también su respuesta en el terreno judicial. La AAPP ha contabilizado más de 2.000 detenidos desde el golpe de Estado, entre ellos Auung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz 1991 y dirigente de hecho del gobierno birmano hasta el golpe, que está detenida en un lugar secreto.
Suu Kyi, de 75 años, tenía que comparecer ante la justicia por videoconferencia durante la mañana, pero la audiencia fue postergada por falta de conexión a internet, y se llevará a cabo el 24 de marzo, indicó a la AFP su abogado Khin Maung Zaw.
Suu Kyi está acusada de al menos cuatro delitos: importación ilegal de walkies-talkies, incumplimiento de las restricciones relacionadas con el coronavirus, violación de una ley sobre telecomunicaciones e incitación a disturbios públicos.
La junta la acusa también de corrupción al afirmar que había recibido 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro de sobornos.
– «Crímenes contra la humanidad» –
Tras seis semanas de manifestaciones prodemocracia, los generales prosiguen su represión: más de 120 manifestantes han perdido la vida desde el 1º de febrero, según la ONG AAPP.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado la existencia de persecuciones, muertes, desapariciones forzosas, torturas y probables «crímenes contra la humanidad» perpetrados por el ejército.
«Los dirigentes de la junta no deben estar en el poder, sino detrás de los barrotes», tuiteó el lunes Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas para Birmania, e instó a parar inmediatamente el «suministro de dinero y armas» a los militares.
El domingo, la situación era particularmente tensa en Hlaing Tharyar, un suburbio industrial de Rangún que alberga muchas fábricas textiles, y donde murieron 22 personas.
Las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes tras el incendio de varias fábricas chinas. La embajada de China pidió a las autoridades que «garanticen la seguridad» de sus empresas y su personal.
Numerosos vehículos militares fueron desplegados a la zona, donde los habitantes acantonados en sus casas escucharon disparos continuados.
Nadie reivindicó los incendios, pero el resentimiento contra China se ha intensificado en las últimas semanas en el país, pues muchos piensan que Pekín, gran inversor en Birmania, tiene una posición demasiado indulgente con los militares golpistas.
Tras los enfrentamientos, la junta decretó la ley marcial en seis comunas de Rangún, Hlaing Tharyar y Shwepyitha.
Toda persona detenida en los suburbios será juzgada por un tribunal militar y se enfrenta al menos a tres años de trabajos forzados.
La conexión a internet móvil, cortada desde hacía varias semanas durante la noche pero habitualmente restablecida durante el día, no funcionaba aún el lunes por la tarde en la capital económica.
– Resistencia –
La enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, condenó el nuevo derramamiento de sangre, mientras la antigua potencia colonial británica dijo estar «consternada» por el uso de la fuerza «contra inocentes».
Pero la junta hace oídos sordos de las condenas internacionales.
Muchos responsables de la Liga Nacional para la Democracia (LND) fueron detenidos tras el golpe de Estado, de los que dos han muerto durante su detención.
Algunos diputados, que pasaron a la clandestinidad en su mayoría, han creado un Comité para representar la Asamblea de la Unión (CPRH), que representará a un parlamento fantasma.
Su vicepresidente, Mahn Win Khaing Than, lanzó el viernes un llamado a la resistencia contra esta «dictadura injusta». «Es el momento más sombrío de la nación (pero) el levantamiento debe ganar», declaró.
La junta advirtió por su parte que la pertenencia a este comité se asimila con «alta traición» que puede acarrear penas de cárcel de hasta 22 años.
El recurso a la fuerza de los generales, que alegaron amplios fraudes electorales en las legislativas de noviembre en la que venció la LND, puso fin a una década de transición democrática en Birmania.
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