
“El que avisa no traiciona” dice el refrán. Y la asesora general del gobierno de Catamarca, Fernanda Rosales, ya había anticipado que se buscaría “una solución legal”. La marcha atrás en el decreto del “Fondo Rotatorio Especial” de 100 millones no era una renuncia a la pretensión de otorgarse un salariazo. Solo un cambio de estrategia para calmar las aguas. Pero avisados estaban todos que el incremento, por un lado u otro, iba a salir.
En resumidas cuentas, porque la clase política se siente privilegiada y merecedora de tratos preferenciales. Y no va relegar las ventajas que pueden sacar de la posición que ocupan. Sea en cuestiones sutiles y cotidiana o asuntos más escandalosos, directa o indirectamente, los cargos públicos se transformaron en un acceso a prerrogativas y beneficios.
El aumento que los ministros pretendieron auto otorgarse con un fondo opaco de 100 millones a repartir, se frustró porque las instituciones medianamente continúan funcionando y lograron frenar un decreto vergonzoso, además de ilegal. Pero como la ambición de privilegios es voraz, decidieron buscar una alternativa no ilícita. Porque en general, de lo único que se cuida esta clase de político es de lo que le puede traer consecuencias judiciales.
Es que para este tipo de “servidores”, lo moral y lo ético no son inhibidores que los disuadan de buscar el beneficio propio y sacar ventajas de su puesto. Por lo que, solo se las rebuscaron para darle a ese salariazo una forma legal. Aunque lo virtuoso y honorable se pisotee por el suelo.
No hay muchos datos ni precisiones sobre el salariazo que finalmente se otorgaron los funcionarios. Mucho menos información oficial. Porque, parte de ese manejo discrecional y ventajero de lo público pasa por la arbitrariedad, no solo en los actos, sino también en la (no) comunicación de esos actos.
Aunque algunos hechos trascienden y sean más chocantes que otros, mirando bien, lo del salariazo es solo una demostración más de ese estilo ventajista de ejercer los cargos. Pero se repite en más ocasiones de las que se pueden registrar. La Vacunación de Privilegio, la designación de familiares y amigos, los negociados con empresas de su entorno, la adjudicación de viviendas a sus hijos, repartija de créditos, la concentración de las candidaturas, sus viajes y reuniones durante la cuarentena…
En general, el convencimiento de que pertenecen a una casta superior y la impunidad con la que lo llevan a la práctica no deja de sorprender y escandalizar al conjunto de la sociedad. Sus sueldos se incrementan en cifras cercanas a los 50 mil pesos, mientras limitan la negociación salarial con los empleados públicos a porcentajes por debajo de la inflación. Y en secreto. Una política de privilegios y ventajas.
Preocupante y lamentable como suena, esa impronta ventajera y aprovechadora tiñe una enorme porción de la gestión. Decisiones, proyectos, acciones, tomadas con la meta del rédito y el beneficio propio. Círculos privilegiados por el poder y su ejercicio. No se puede esperar otra cosa.