En Catamarca, un 27,2% de la población está debajo de la línea de pobreza, mientras que un 8% es indigente. Lo que equivale a decir que las familias del primer grupo no consiguen el ingreso mensual de 51.775 pesos que cuesta la Canasta Básica mientras que los ciudadanos de la franja más postergada quedaron por debajo de los 21.573 pesos de ingresos mensuales. En ese contexto económico, donde más de un cuarto de la población de la provincia atraviesa penurias económicas y privaciones, el Gobierno intentó darle a sus funcionarios un sobresueldo, porque los ingresos “tan magros“ que cobran (todos de seis cifras) no les alcanzan.
Con ese argumento quisieron justificar desde el Gobierno el grosero intento fallido de aprobar por decreto un fondo opaco de 100 millones de pesos “para gastos de gestión” a distribuir entre los ministros y sus funcionarios, y que solo requería como “rendición de cuentas” la firma de un recibo del responsable.
El escándalo que generó la filtración del decreto, firmado en secreto por todos los ministros, y la presión de algunos órganos de control como el Tribunal de Cuentas, obligaron a dar marcha atrás con la medida ilegal e indecente. Aunque este freno a la iniciativa no resuelve la raíz cultural y moral de la burda maniobra.
Detrás del indignante intento de repartirse 100 millones de pesos entre ministros y secretarios subyace la idea de que la participación en política es un camino al enriquecimiento y que las funciones públicas sólo se ejercen si son rentables económicamente.
“Ese decreto se dictó con la idea de dar una respuesta a la problemática salarial”, explicó a la prensa la asesora general de Gobierno, Fernanda Rosales, quien agregó que “muchos funcionarios(…) les cuesta sostener la actividad pública con sueldos tan magros” y “renuncian porque no les conviene económicamente”. Toda una declaración de principios. En la política se participa sólo si es negocio. De vocación de servicio, nada.
No es que se les pida a los funcionarios un voto de pobreza o privaciones. Ni por cerca. La “problemática salarial” de la que habla Rosales es que ningún ministro ni secretarios puede ganar más de los 203 mil pesos que gana el Gobernador, sueldo máximo en el Estado según lo establece la Constitución Provincial. Es decir, en una provincia con casi el 30% de personas debajo de la línea de pobreza, para los funcionarios cobrar abultados salarios que superan holgadamente la centena de mil es un problema.
Cada ministro, secretario o funcionario, en cuanto ciudadano, tiene derecho a aspirar a ser rico y a generar todos los ingresos que pueda en su actividad privada. Si es médico, abogado, ingeniero, arquitecto o comerciante o lo que sea (mientras sea con actividades legales), su ambición es una cuestión personal. Pero asumir una función pública y exigirle a las arcas del Estado que solventen esas ansias de riqueza, habla de un egoísmo y una pobreza moral preocupante.
Según cálculos de la oposición, el decreto habría habilitado a los ministros y secretarios un extra anual de 5,5 millones de pesos para cada área, lo que implicaba un sobresueldo mensual de más de 400.000 pesos extra para cada miembro del gabinete. Autoaumento muy generoso y desprendido para un Gobierno que otorga a sus empleados aumentos del 30% en un año que empezó con el 4% de inflación.
Resulta difícil determinar qué es lo más grave: la impunidad de intentar aprobar un sobresueldo secreto; la ambición insensible de los funcionarios que no tienen inhibición moral en recibirlo en una provincia empobrecida; o la decepcionante realidad de que los cargos públicos solo se asumen si “conviene económicamente” y son una puerta al enriquecimiento.
El decreto de los sobresueldos opacos (que recuerda mucho al caso de corrupción de las Tarjetas Black en España) finalmente se anuló. La falta de vocación de servicio y la aspiración de enriquecerse a costas del Estado, permanecen.
