Los manifestantes prodemocracia salieron de nuevo a la calle este lunes en Birmania, pero en menor número que en días anteriores después de que la junta militar intensificara su represión con el despliegue de tropas.
En Rangún, la capital económica, miles de manifestantes se reunieron cerca las embajadas de China y de Estados Unidos.
También se congregaron miles delante de la sede de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, donde coreaban «¡Que termine la dictadura militar!». Y en la sede del banco central, en el norte de la ciudad, también hubo protestas.
A pesar de las amenazas, «los movimientos populares no se detendrán, el primer paso fue el más difícil, no tenemos miedo de que nos detengan o nos disparen», dijo Nyein Moe, un guía turístico.
Pero las multitudes eran menos numerosas que en los últimos días, constataron periodistas de la AFP.
La presencia de militares, apoyados por vehículos blindados, frenó a los manifestantes.
«Intentan asustarnos desplegando soldados», dijo Htet Aung, blandiendo un cartel que llamaba a la «desobediencia civil» frente a un camión militar.
Además, algunas empresas enviaron correos electrónicos a sus empleados, instándoles a no manifestarse, y también hubo interrupciones en las conexiones a internet el domingo por la noche y el lunes por la mañana.
En la capital administrativa, Naipyidó, una concentración fue dispersada por la fuerza este lunes y la policía detuvo a una veintena de estudiantes.
«Nos comportábamos de forma pacífica e incluso nos disculpamos […] pero entonces activaron un cañón de agua», declaró un estudiante de secundaria a la AFP, que prefirió mantenerse en el anonimato.
En Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, también se registraron episodios violentos, que dejaron al menos seis heridos después de que la policía disparara pelotas de goma contra los manifestantes, que respondieron lanzando ladrillos, según un socorrista.
«Un [manifestante] necesitó oxígeno porque fue alcanzado por una pelota de goma en una costilla», el socorrista, Khin Maung Tin, a la AFP.
– Suu Kyi permanece en prisión preventiva –
El golpe de Estado del 1 de febrero derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi y puso fin a una frágil transición democrática de diez años.
Acusada de importar ilegalmente walkie-talkies, la exdirigente, de 75 años, permanecerá detenida hasta el miércoles, tras el aplazamiento de una vista prevista inicialmente para el lunes, informó su abogado, Khin Maung Zaw.
Suu Kyi se encuentra «en buen estado de salud» y bajo arresto domiciliario en Naipyidó, dijo este fin de semana la LND.
El miedo a las represalias está en la mente de todos en el país, que vivió bajo el yugo de los militares durante casi 50 años desde su independencia en 1948.
Desde el golpe unas 400 personas fueron detenidas, incluyendo dirigentes políticos, activistas, médicos y estudiantes.
– Condena internacional –
A nivel internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el domingo a la junta a «garantizar que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica», y pidió a los generales que autoricen «urgentemente» a la diplomática suiza Christine Schraner Burgener «evaluar directamente la situación».
«Se responsabilizará» a los jefes de la junta de la violencia, advirtió Tom Andrews, relator especial de la ONU para Birmania.
Washington detalló hace varios días una serie de sanciones contra varios generales, pidiéndoles que entreguen el poder, hasta ahora en vano.
Pero este lunes, el líder de los militares golpistas, Min Aung Hlaing, paria internacional por los abusos cometidos contra los musulmanes rohinyás en 2017, insistió en que lo que sucedía en el país era «un asunto interno».
Cientos de miles de personas salieron a las calles en los últimos días, las protestas más importantes desde la «revolución de azafrán» de 20007 liderada por monjes.
Muchos funcionarios –trabajadores del ferrocarril, profesores, médicos- se pusieron en huelga en apoyo del movimiento, y los medios de comunicación locales informaron incluso de deserciones policiales.
Los generales golpistas, que rechazan la legalidad de las elecciones legislativas de noviembre, ganadas de forma abrumadora por la LND, autorizaron los allanamientos sin mandato o las detenciones provisionales sin la autorización de un juez.
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