La Fiscal de Estado de Chaco, Cecilia Fernández Almendra, a cargo de la medida, sostuvo que un eventual debate judicial de la ley debe darse en la esfera nacional y no provincial.
El jueves de la semana pasada se dio a conocer la noticia de que la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de Resistencia hizo lugar a una medida cautelar para suspender la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo en Chaco.
Este miércoles, la Fiscal de Estado de Chaco, Cecilia Fernández Almendra, que asumió como tal el 20 de enero, apeló dicha resolución ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia proponiendo dos consideraciones.
En la primera, Fernández Almendra señaló “la incompetencia por razón de la persona y la materia”, puesto que se trata de una ley hecha tal a través del Congreso de la Nación y que el Poder Ejecutivo Nacional es el órgano de aplicación.
En la segunda consideración, la fiscal argumentó “la inexistencia del caso concreto”, el cual es considerado un “presupuesto necesario para el otorgamiento de la medida y la inexistencia de legitimación pasiva en la medida ya que la provincia de Chaco no puede ser demandada por la constitucionalidad de una ley de alcance federal”.
“Es necesario advertir respecto al cumplimiento estricto de los preceptos de la Constitución Nacional y Provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio”, completó Fernández Almendra, al mismo tiempo que afirmó respetar las creencias ajenas y que este debate “debe darse en la esfera nacional, no en la provincial, ya que tampoco se pueden plantear supuestos de inconstitucionalidad de una ley nacional en los juzgados ordinarios provinciales”.
