Los poderes del Estado tienen “manuales” de organización y gestión internos. Reglamentos que, se entiende, deberían establecer los procedimientos que regulen y ordenen su funcionamiento con reglas claras que garanticen una gestión armónica y fluida. Lo contrario, un desempeño caótico y convulsionado, es un indicador de que las reglas no son claras o que los actores no tienen vocación de acatarlas. O un poco de ambos. La situación que se vive en el Concejo Deliberante de Valle Viejo es un vivo ejemplo.
Los conflictos en el Poder Legislativo municipal de Valle Viejo desnudan la debilidad institucional del órgano deliberativo, inserto en un idéntico escenario municipal. La necesidad de recurrir al arbitraje de un tercero, en este caso puntual el Poder Judicial de la Provincia, muestran lo endeble de su ordenamiento procedimental y legal, que se traduce en la incapacidad de resolver de forma autónoma sus asuntos con la aplicación de sus propios reglamentos.
Parece increíble que la decisión de una cuestión medular del funcionamiento legislativo como es la elección del presidente del cuerpo naufrague en el vacío normativo. La discusión sobre quién debe presidir el cuerpo, o más bien sobre el mecanismo de elección del presidente, es una luz roja y una sirena de alarma que señalan la pobreza del ordenamiento jurídico.
Un grupo de concejales (en este caso los referenciados en la intendenta Zenteno) aseguran que la presidencia corresponde a un concejal del espacio político ganador de las últimas elecciones. El otro grupo (que logró imponer su criterio durante el último periodo legislativo) sostiene que la elección es por votación directa de los miembros del cuerpo y que el ganador es legítima autoridad del órgano.
Cuesta entender como el articulado de la Carta Orgánica o el Reglamento Interno del CD puede ser tan ambiguo como para habilitar interpretaciones tan diferentes sobre un asunto tan delicado. Laguna legal que dejó al órgano deliberativo enredado en un enredo político judicial.
Atrapado en el berenjenal de su endeble marco legal, el CD tuvo que recurrir a la Corte de Justicia para que le diga cómo deben elegir su presidente. Desautorizado por la incapacidad que le provoca ese limbo jurídico, consumió todo un año legislativo con una presidencia recusada por ilegal, mientras esperaba que el máximo tribunal le señalara quién tenía razón.
Con una conveniencia política difícil de atribuir a la casualidad, el fallo de la Corte salió cuando el periodo de sesiones ya había terminado. Señalando una obviedad evidente hasta para el más desprevenido analista: vencido el período legislativo ordinario, y con el mandato del presidente impugnado ya cumplido, la denuncia quedó sin materia.
Pero la raíz jurídica del conflicto sigue sin resolverse, lista para generar un nuevo conflicto. Porque aunque la Corte de desentendió elegantemente del tema señalando que la denuncia quedó “sin materia” (reconocimiento implícito de que su fallo fue tardío e inútil) el máximo tribunal le dió la razón a los denunciantes, indicando que “la presidencia del Concejo le corresponde al concejal titular del partido que hubiera obtenido mayor cantidad de votos en la última elección inmediatamente anterior a la designación”.
Aún así, los concejales que apoyaron la presidencia de Barrionuevo se conformaron con leer solo la parte del fallo que establece la caducidad de la materia de la denuncia, dando por zanjado y finalizado el reclamo. “Asunto terminado”, señaló el concejal Javier Espinoza.
Lo que desnuda que además de una pobreza jurídica, al Concejo Deliberante de Valle Viejo lo vapulea el oportunismo político y las ansias desaprensivas de sus miembros. De un lado, un grupo de ediles disfrazando sus aspiraciones bajo el traje de la defensa de las instituciones. Del otro, los concejales que no les interesa que se despeje la bruma si no les van a dar la razón.
La Corte dice que la denuncia quedó “sin materia”. Pero hay un año de actividad legislativa que se desarrolló bajo una presidencia que ese mismo tribunal declaró ilegal, con la posibilidad de que esos actos sean también impugnados. Y una próxima inminente elección que volverá a padecer el mismo caos. Pobreza jurídica y poco apego a las reglas garantizan que esta misma discusión tenga un nuevo episodio en unos meses.
