“Para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que, mediante la disposición de las cosas, el poder detenga el poder”, señalaba el filósofo Montesquieu como tesis de su principio político de separación o división de poderes. El objetivo de este modelo es evitar la concentración de los poderes del Estado en una sola persona, órgano o corporación, lo que podría dar lugar a los abusos de autoridad. Equilibrio, que en ciertas circunstancias, se podría ver amenazado. Ante el inminente retiro de la jueza Sesto de Leiva, el Gobierno deberá designar un reemplazante en el corto plazo. Con lo que la Corte quedaría conformada por cinco jueces designados por el peronismo. Teniendo además un control casi total de la Legislatura, el gobernador Jalil se podría encontrar en unos meses ante un virtual control de los tres poderes del Estado. Una peligrosa concentración de poder que deberá administrar con mucha mesura.
“Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites”, decía Montesquieu cuando argumentaba a favor la separación del poder político en tres instituciones que cumplieran, entre otras funciones, con la vigilancia entre ellos mismos. La división tradicional entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se organiza en relación a las necesidades funcionales y de mutuo control. Equilibrio y moderación que eventualmente podría verse amenazado, aún en escenarios democráticos.
Aunque el rumor de la renuncia de la jueza Amelia Sesto de Leiva fue desmentido por ella misma, el inicio de los trámites para su jubilación (como también ella lo informó) implica que en un plazo no muy largo el Gobierno deberá proponer otro nombre para cubrir esa vacante. Con lo que en un tiempo más, la Corte de Justicia de la Provincia podría quedar conformada con cinco de sus siete miembros designados por el actual oficialismo.
La ampliación de la cantidad de miembros del máximo tribunal aprobado durante el gobierno de Lucia Corpacci, llevó de tres a cinco la cantidad de ministros. Momento en el que fueron designados Miguel Figueroa Vicario (de reconocida trayectoria política en el peronismo) y Vilma Molina (hermana del también dirigente y funcionario peronista Isauro Molina). De la misma manera, esta vez impulsado por el gobernador Jalil, hace unos meses se aprobó una nueva ampliación a siete miembros. Y nuevamente se designaron a abogados políticamente alineados con el Ejecutivo: Hernán Martel y Fabiana Gómez. En procesos de designación totalmente legales y ajustados a derecho, pero que generan cierto resquemor.
Con la designación del reemplazo de la ministra Sesto, cuando se concrete su jubilación, el Poder Judicial estaría gobernado por una Corte con más de dos tercios de sus jueces (5 sobre 7) designados por gobiernos peronistas que en conjunto conformarían una mayoría automática. Con esto no se está valorando la idoneidad de los magistrados, ni se pone en duda la integridad profesional u honestidad intelectual de sus miembros. Pero sí es necesario señalar que la cercanía ideológica y personal de los jueces con el Gobierno, inevitablemente debilitan la distancia y el contrapoder que debería haber entre ellos. Además de limitar el enriquecimiento natural que brindan en los debates las disidencias y la diversidad de pensamiento.
Claramente, y sobre esto no hay discusión, es potestad constitucional del Gobernador proponer los candidatos para cubrir vacantes en el Poder Judicial, como otro mecanismo de control y limitación entre poderes. Esquema en el que también juega su papel el Poder Legislativo, cuando analiza y aprueba (o rechaza) los pliegos enviados por el Ejecutivo. Y es ahí donde la moderación entre los poderes del Estado provincial muestra otra delicada situación por la mengua de la distancia entre ellos.
Porque resulta que el Poder Legislativo también está bajo el control político del Gobernador. En la Cámara de Senadores, con 14 de las 16 bancas en poder del Frente de Todos, la aprobación de cualquier proyecto o pliego enviado por el Ejecutivo es un simple trámite casi notarial, aún en los casos que se requieren mayorías calificadas de dos tercios.
Y en la Cámara de Diputados, aunque la diferencia no es tan abrumadora, con 23 legisladores (pueden ser 24 si se cuenta la alianza con la diputada de Consenso Federal) el oficialismo tiene el quórum y la mayoría simple asegurada. No así la mayoría calificada, para la que necesita negociaciones y consensos con el interbloque opositor. Y que no consiguió en algunas iniciativas, como el juicio político a los jueces José Cáceres y Amelia Sesto.
Otras vez vale la aclaración de que lo anteriormente dicho no supone un cuestionamiento a la integridad profesional de los legisladores oficialista, que además fueron electos en procesos democráticos totalmente legítimos. Pero, como en el caso de la Corte, en un cuerpo colegiado donde la fuerza de los votos elimina la disidencia u oposición, el debate o el análisis de cualquier iniciativa pierde el matiz y el pulido que aporta la multiplicidad de pensamientos. Además de hacer más endeble el contrapeso que se espera de un sistema de poderes separados.
Y aunque no son estrictamente Poderes del Estado, el Gobierno también controla otras importantes instituciones públicas y organismos que desde sus espacios extrapoder también deberían funcionar como limitantes. El Colegio de Abogados, institución participante en el proceso de designación de funcionarios judiciales, los gremios, como la CGT, organizaciones fundamentales en el contrapeso y la defensa de los trabajadores ante avances del Gobierno como las reformas del Estado o el Tribunal de Cuentas, ente auditor de los procesos administrativos públicos, están de manera más o menos directa, alineados y bajo la órbita del poder político del Gobernador.
En la doctrina de la separación de Poderes se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos ya que cada uno controla y detiene los posibles excesos de los otros. Un equilibrio que en Catamarca está debilitado y vulnerable. Sin pretender poner en duda la legitimidad y legalidad de la constitución actual de los tres poderes, es importante advertir que en un escenario de tanta concentración de poder, la limitación y moderación son mecanismos que podrían inhibirse. Lo que configuraría una delicada situación institucional y política. Con 14 de 16 senadores, 23 de 41 diputados y cuatro (posiblemente cinco) de siete jueces de la Corte, el gobernador Jalil concentra una peligrosa cuota de poder que deberá administrar con enorme mesura, responsabilidad y sensatez.
