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La Justicia Federal obligó anoche al presidente del cuerpo, Alberto Barrionuevo, a cerrar el organismo chacarero y esta mañana envió a la policía federal a custodiar el edificio ubicado frente a la plaza de San Isidro.
Sobre este proceso “desesperado” -de abrir ayer el Concejo desoyendo las disposiciones del COE Provincia- del presidente del organismo chacarero, Alberto Barrionuevo y sus seguidores radicales, la concejala Belky Pennise Zavaley se mostró muy preocupada “porque en nuestra provincia se naturalice que dos o tres políticos decidan apartarse de la ley, atropellar las instituciones, desoír a las autoridades y que solo pocas personas, con temor y muy por debajo se animen a criticar esas conductas”.
Aseguró que “el delito penal cometido por la máxima autoridad del cuerpo y sus dos seguidores radicales, tuvo como único propósito escapar del alcance de una sentencia de la Corte de Justicia que declare ilegal e ilegítima la elección de autoridades del cuerpo”.
“Me decía un periodista ayer, que algunos aplauden lo que “ven como picardía”, que un político se salga con la suya, incluso violando la ley si tiene que hacerlo, esto es gravísimo es un acto de mala fe, antidemocrático porque es como alimentar la idea de que el brazo de la ley no alcanza a los políticos y la gente espera otra cosa de nosotros”, advirtió al reconocer que “nos queda mucho por mejorar” y recordarle a la Corte de Justicia que debe resolver este conflicto que lleva meses sin resolver.
Recordó que en las últimas horas se presentó también un pedido de medida cautelar para suspender la elección de autoridades hasta que recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión, y le pidió a los concejales de la oposición que “reflexionen, que se ajusten a las leyes, a lo que establece la Carta Orgánica, porque a la comunidad toda nos interesa saber si se van a salir con la suya, si triunfa el imperio de la ley o estos políticos que pretenden violarla”.
“Hasta ahora vimos y oímos a un par de concejales anunciar desafiantes y a viva voz, que no les importa lo que digan los protocolos sanitarios, ni el Código Penal, ni la Carta Orgánica Municipal, anuncian en los medios que van a atropellar las instituciones y solo se lee eso en los medios, nadie se pronuncia sobre esto, ni la justicia catamarqueña, ni las fuerzas políticas, ni los partidos involucrados. Si no hubiera salido la orden del Juzgado Federal bajo amenaza del uso de la fuerza, el propósito que tenían se hubiera consumado”, sostuvo la concejala Pennise Zavaley, al preguntarse “que nos pasa a los catamarqueños, cuando empezamos a naturalizar estas conductas. Yo puedo entender que no opinen porque no están involucrados en el proceso electoral, pero creo que es saludable romper la inercia del no te metas”.
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