El tratamiento del expediente fue puesto en consideración por los diputados; mientras que los discursos eran seguidos desde un salón contiguo al recinto por la dirigencia de San Lorenzo.
La ley de rezonificación del predio del club San Lorenzo en Boedo para habilitar la construcción del nuevo estadio obtuvo este jueves una primera sanción por parte de la Legislatura porteña en una aprobación que fue celebrada por la dirigencia y los hinchas azulgranas que se congregaron frente al Parlamento capitalino.
Los diputados establecieron con 57 votos positivos y una abstención las nuevas normas urbanísticas para el polígono comprendido entre Avenida La Plata y las calles Inclán, Mármol y Las Casas, donde estuvo el Gasómetro hasta que en 1979 la dictadura militar se lo expropió a San Lorenzo.
La sanción fue festejada por la dirigencia del Ciclón, quienes siguieron el debate legislativo en un salón contiguo al recinto de sesiones; y por los hinchas que permanecieron en las afueras del Parlamento desde las 10 a la espera de la votación.
Estuvieron presentes en la Legislatura el ministro de Turismo de la Nación y vice segundo del club, Matías Lammens; el presidente de la entidad, Marcelo Tinelli; y el secretario general, Marcelo Mastrosimone, entre otros, según informó Télam.
La de este jueves fue una primera sanción de la ley y no la final dado que este tipo de normas, como contienen cambios de zonificación, requieren de una “doble lectura”.
Es decir que habrá una audiencia pública en la Legislatura en las próximas semanas para que la ciudadanía exprese su opinión y un nuevo debate en el recinto para su aprobación final, lo cual podría ocurrir recién en 2021, según estimaron fuentes parlamentarias.
Puntualmente, la ley contempla una serie de cambios a la actual normativa urbana que rige en los terrenos de Avenida La Plata al 1600 para posibilitar la construcción del nuevo estadio que tendría una capacidad para 45.000 espectadores y una altura máxima de hasta 38 metros.
El “plan maestro” diseñado por el club de Boedo también plantea la habilitación de una serie de instalaciones vinculadas a servicios sociales, como una escuela primaria y una secundaria, una dependencia policial y una de bomberos, la posibilidad de instalar más comercios, un museo, un hotel y hasta un cine.
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