Grupo Social ONCE y CEPAL analizan el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad de América Latina y Caribe

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los países que han dado mayor visibilidad a las personas con discapacidad como destinatarias de las políticas públicas, han tenido una mejor respuesta a esta pandemia. Esta es una de las conclusiones del estudio realizado por el Grupo Social ONCE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que analiza el impacto del COVID-19 en los 70 millones de personas con discapacidad de América Latina y el Caribe, y aporta soluciones para proteger sus derechos y asegurar su inclusión en la sociedad.

El estudio ha sido elaborado en base a la respuesta de las personas con discapacidad y sus familias, de 15 países latinoamericanos, y trata de encontrar información en áreas clave como la salud, la educación, el empleo y la protección social. «Consideramos que es importante empezar a generar información sobre lo que está sucediendo con las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia», ha señalado Heidi Ullmann, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL y una de las autoras de este trabajo.

Otro aspecto que destaca el documento, según el coordinador del Área de Investigación e Innovación del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Sergio Meresman, son las acciones solidarias en algunos países que muestran «la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad de identificar prioridades y llegar a las personas más vulnerables con ayuda en la alimentación, medicamentos o apoyo educativo para los más pequeños».

Por su parte, el director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE, Javier Güemes, ha reconocido que «sin saber cuáles son las circunstancias que han vivido las personas con discapacidad en distintos países, no se pueden buscar soluciones desde los poderes públicos u organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a estos grandes retos que tienen que ser identificados».

Entre estos retos, Güemes ha subrayado que en educación «hay que ser capaces de encontrar los recursos necesarios para que, en estos tiempos de educación a distancia, las personas con discapacidad también puedan acceder a ellos». En materia de salud, «los proveedores de servicios deben tener capacidad para impulsar la atención temprana y que los cuidados sean efectivos a través de métodos como la teleconsulta, donde hay que asegurar que no exista ningún tipo de barrera».

Además, las nuevas formas de empleo «tienen que intentar preservar a las personas con discapacidad en sus medios de vida, ya que el trabajo es el mejor sistema para que cualquier persona pueda vivir en la comunidad de manera igual a los demás», ha reconocido Güemes, quien ha añadido que la protección social «requiere de más información y que se realicen los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad, que a veces tienen menos recursos, no deban afrontar mayores costes para vivir de manera igual en la sociedad».

Junto a Güemes y los dos autores del estudio, también ha participado Ana Lucía Arellano, presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias- RIADIS. Los cuatro han coincidido al señalar que es fundamental que cualquier política pública se haga en cooperación estrecha con las organizaciones de las personas con discapacidad, que deben aportar su conocimiento, experiencia y recursos en la materia.