Al gobernador Raúl Jalil no le gusta nada de lo que hay en el edificio Maipú 354. No le gusta el sistema del Juzgado de Minas, no le gusta la concentración de dos fueros en un solo magistrado y tampoco le gusta el desempeño del juez Cerda. Desde que asumió en la gobernación, el mandatario avanza con reformas que aspira terminen con la supresión del fuero. Mientras tanto, socava la credibilidad del magistrado con informes que ilustran su gestión descuidada. Del otro lado, el funcionario judicial se defiende con lo que tiene a mano e intenta marcarle la cancha al Ejecutivo. El Ejecutivo acecha con la mira entre ceja y ceja.
La antipatía de Jalil por el sistema de administración minera delegada al Poder Judicial fue evidente desde un principio. Desde el minuto uno de su gestión, el Gobernador se expresó en contra y encomendó a sus funcionarios trabajar en una reforma para llevar esas competencias al ámbito del Ejecutivo. Para el gobernador, el modelo administrativo no solo genera dinamismo y celeridad en los procesos, sino que acaba con mecanismos de especulación que dejan ocioso el stock minero de la provincia.
El Código de Procedimientos de Minería de Catamarca, sancionado mediante la ley 2233 del año 1967, establece al Juzgado de Minas como autoridad de administración de las concesiones mineras y de la autorización de pedimentos, que es otorgada mediante una sentencia del juez competente. Es justamente ese sistema (y el poder que le otorga al magistrado) el que Jalil quiere suprimir.
Desde que asumió, el Gobernador avanzó por varios frentes para concretar su objetivo de tener un control más cabal de la minería, lo que necesariamente implica desplazar al Juzgado de Minas. Primero, hizo las averiguaciones legales y jurídicas para asegurarse que la supresión del fuero minero se pudiera hacer por ley y no demandará una reforma constitucional. Una vez aclarado este punto, y con la facilidad que el Gobierno debería tener para aprobar proyectos en una Legislatura donde tiene mayoría, pasó a la siguiente instancia.
Durante los meses pasados, por encomienda suya, un grupo de funcionarios y asesores del Ejecutivo trabajaron en un proyecto de modificación del Código de Procedimientos Mineros (en realidad continuaron un trabajo iniciado en 2017 por el Consejo Asesor Minero a pedido de la ex gobernadora Lucia Corpacci) que ya está listo para ser enviado al Poder Legislativo. Aunque hay algunas diferencias en torno a si la autoridad en materia minera debe ser el Gobernador o el Ministro de Minería, ya es un hecho que el proyecto avanzará en quitarle ese poder al Juzgado de Minas y trasladarlo al Ejecutivo.
Mientras tanto, como el boxeador que “trabaja el cuerpo” de su oponente buscando el golpe del derribo, el Gobierno produce informes y auditorías que sacan a la luz la no gestión de un juez anquilosado por los años en el cargo y por un marco legal de más de de 53 años.
A mitad de año, datos de un informe de Catastro Minero señalaban que en el padrón minero de Catamarca figuraban 2.284 yacimientos concesionados, de los que casi la mitad nunca habían pagado un canon al Estado. De ese total, apenas el 38% de los concesionarios de minas habían pagado un canon en los últimos 10 años. Y aunque el incumplimiento de este concepto implicaría la caducidad del pedimento minero, casi la totalidad de esas concesiones seguían en manos de privados, generando un mercado de desinversión y especulación.
Y la estrategia de propaganda negativa continuó días atrás. La Agencia de Recaudación Catamarca informó que en la provincia hay 2.346 minas de primera y segunda categoría, de las cuales al menos 1.150 presentan deuda del canon minero y están en proceso de caducidad. Según esta información, al menos 5 concesionarios de minas de primera y segunda categoría registran deudas impagas con sumas superiores a los 19 millones de pesos cada uno. Que, en total, suman más de 103 millones de pesos.
Para esta misión de desgaste el Ejecutivo convocó a sus legisladores y avanzó desde el Legislativo con pedidos de informe. Fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (FT), quien aportó a la emboscada que el Gobierno le prepara a Cerda, presentando un proyecto de resolución donde solicita al juez de Minas de Catamarca, Guillermo Cerda, que informe sobre “la situación de los yacimientos mineros que conforman el Catastro Minero de la provincia”.
Del otro lado, el juez Cerda, que ya sabe que tiene el punto rojo de la mira haciendo blanco, ensaya defensas con las pocas armas que tiene a disposición. Sabiéndose en franca desventaja (el Gobierno tiene la estructura del Ejecutivo y Legislativo alistados para accionar en su contra), el magistrado se las rebusca para hacer disparos, aunque no sean más que al aire y solo aspiren a advertir.
Lógicamente, la primera estrategia fue atacar directamente al proyecto de ley que pende sobre su cabeza como “la espada de damocles”. Aunque bien sepa, en su sabiduría de experimentado en cuestiones de la política y lo jurídico, que es prácticamente imposible detener su aprobación. En declaraciones a la prensa advirtió de los peligros que implican un cambio “en las reglas de juego” y el impacto negativo que tendría en el sector privado. Además, puso en duda la idoneidad o capacidad jurídica de los ministros de Minería, remarcando que generalmente son ingenieros, que no entienden cuestiones jurídicas.
En esa batalla de resistencia, Cerda encontró un aliado el senador Oscar Castillo, que hizo una sorpresiva aparición pública para criticar la propuesta reformista del gobierno y defender al magistrado. El legislador vitalicio (que ya empieza a ensayar sus oportunistas intervenciones pre electorales) acusó al Ejecutivo de no informa los cambios propuestos a Cerda, a quien describió como “una persona conocida y prestigiosa”.
Mientras tanto, en una segunda línea de acción defensiva, Cerda desenvainó sus atribuciones en el fuero electoral, tratando de marcarle la cancha al Gobierno, recordándoles que en un año electoral como el que se aproxima va a ser un actor del que van a necesitar. Con la sutileza y el tacto del que se defiende pero prefiere volver a la calma, Cerda opinó sobre lo que sería “conveniente” y “oportuno” en la convocatoria de las elecciones provinciales. Con la picardía política y jurídica que le dan décadas de intervención en procesos electorales, el magistrado sabe que, si logra resistir este año, tal vez el próximo el contexto político lo empodere y le de más herramientas para negociar su futuro.
Aunque para ese otra frente, el Gobierno también tiene una jugada preparada y (como en una movida a todo o nada) buscará también despojar a Cerda de esa autoridad (y hasta ya tiene reemplazante). Hace meses que avanza con Maipú 345 entre ceja y ceja decidido a cambiar todo lo que no le gusta.
